Hace casi cinco meses entró en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Existían expectativas porque se suponía que se iba a regular la contaminación electromagnética y su impacto en la salud humana pero el asunto está muy parado; ese tipo de polución crece y los límites de emisión se han quedado caducos.
El Gobierno aún no ha propuesto un nuevo desarrollo normativo que regule la aplicación práctica de esta Ley. Tampoco ha determinado los niveles de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, tal y como se ordena en el artículo 61 de dicha ley.
La regulación actual es algo antigua pues se hace vía real decreto del año 2001 (RD 1066/2001). Con la explosión y crecimiento de las comunicaciones inalámbricas, los límites de exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos han quedado obsoletos. Así reconoció el Parlamento Europeo ya en 2008.
La Fundación Vivo Sano, que está trabajando bien el tema de la contaminación electromagnética, insta al Gobierno a actualizar en un nuevo reglamento los criterios de protección de la salud de los ciudadanos siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa.
Raúl de la Rosa, responsable del Área de Contaminación Electromagnética de la Fundación, ha enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, unas cartas informativas.
En ellas les recuerda que la Resolución 1815 del Consejo de Europa (2011) recomienda fijar un límite de exposición de 0,6 V/m (0,1 microvatios cm2), para pasar a medio plazo a 0,2, V/m (0,01 microvatios/cm2), mientras que el vigente real decreto de 2001 establece un límite de 41,19 V/m (450 microvatios/cm2) para determinadas radiofrecuencias, como es el caso de las redes de antenas base de telefonía móvil o del wifi.
Según De la Rosa:
esto entra en claro conflicto con los criterios del Consejo de Europa. La Resolución 1815 no es de obligado cumplimiento, pero la nueva ley debe estar en concordancia y no contravenirla. Es incongruente que España haya suscrito la Resolución 1815 y que luego la desoiga o la contradiga. El Gobierno no puede, en sus actuaciones, dejar de respetar los principios de coherencia y de protección de la salud”.La Fundación Vivo Sano ha constatado recientemente el creciente aumento de la preocupación ciudadana por la contaminación electromagnética a raíz de la encuesta de elaboración propia, realizada en junio de este mismo año, según la cual el 90% de los ciudadanos considera que los campos electromagnéticos artificiales perjudican la salud y un 80% afirma no disponer de información suficiente como para protegerse de los efectos nocivos de dichos campos.
Estos datos siguen la línea del Eurobarómetro Especial sobre campos electromagnéticos del año 2010 y nos confirman que existe una preocupación ciudadana sobre la salud que el gobierno no puede dejar de atender”, señala De la Rosa.
Fuente: Miguel Jara.